• jesuslopez404

Se consolida la tendencia a la baja en los desahucios también en el alquiler


Los seguidores de este blog conocen el seguimiento y celo que desde Gilmar hacemos a las estadísticas y publicaciones que se hacen sobre los desahucios, tanto las publicadas desde el Instituto Nacional de Estadística (INE) como las que consideramos más completas que son las que emanan desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La crisis mundial que precipitó el crash inmobiliario y el impacto social que tuvo han dejado muchas imágenes en nuestra retina y la de los desahucios han sido de las que más malestar han provocado. Los últimos datos más recientes (correspondientes al tercer trimestre de 2019) señalan que aunque los desahucios se siguen sucediendo, estos consolidad una tendencia a la baja también en los lanzamientos de vivienda por impago del alquiler que habían estado repuntando en trimestres anteriores.

Descensos trimestrales y anuales

Cuando observamos el gráfico de la evolución de los desahucios llevados a cabo, es fácil percatarse del fuerte componente estacional que tienen las series temporales. No en vano, el número de lanzamientos de vivienda está ligado al ritmo de actividad que tienen los juzgados y administraciones de justicia que en los meses de verano (tercer trimestre) es mucho más reducido. De ahí la razón que en todos los años en el tercer trimestre se aprecie un “valle” en la gráfica. Por este motivo, en el caso de este tipo de estadísticas las comparaciones han de hacerse no frente al trimestre anterior, sino al mismo trimestre del año anterior. Es decir, hacer las comparaciones en términos anuales.

En el tercer trimestre de 2019 los lanzamientos de vivienda fueron 10.177, un 12% menos que los 11.547 que se efectuaron en tercer trimestre de 2018. De toda esta cifra, aquellos derivados de ejecuciones hipotecarias han sido 2.536. Un 25,8% en comparativa anual y, además, ha sido la cifra trimestral más baja de la serie con diferencia. Un ritmo menor de caída siguen los lanzamientos de vivienda por impago del alquiler o por otros incumplimientos por parte de los inquilinos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En concreto, estos han sido 6.936 casos frente a los 7.518 de un año antes lo que supone un descenso del 7,7%. Aunque la dinámica de descenso de los desahucios por impago del alquiler no sea tan positiva como la de ejecuciones hipotecarias es reseñable que es el segundo trimestre consecutivo en que hay descensos anuales. Un hito destacable ya que en los trimestres anteriores la constante subida del precio de los alquileres había propiciado una escalada de este tipo de desahucios, hasta el punto de que casi frenan el ritmo de caída de los lanzamientos de vivienda, en general.

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

Real Decreto

El tercer trimestre de 2019 fue también el segundo trimestre justo después de la aprobación y puesta en marcha del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. En cuyo preámbulo se señalaba lo siguiente. “El número de desahucios vinculados a contratos de alquiler está creciendo a un ritmo anual muy próximo al 5%. Esta negativa evolución de los lanzamientos practicados como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos contrasta con la reducción progresiva de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias y con la evolución y crecimiento general de la economía y del empleo en nuestro país. Ante esta situación, es urgente adoptar medidas para corregir los efectos de la reforma practicada en la regulación de los contratos de arrendamiento en 2013, ampliando los plazos legales e introduciendo en el procedimiento de desahucio mecanismos que sirvan para responder a la grave situación que viven los hogares más vulnerables, estableciendo plazos y garantías en el proceso.”

Aunque un mero cruce de datos no son suficientes para establecer una relación causa-efecto. Si que hay evidencia empírica (mirar en las referencias bibliográficas del informe del alquiler del Banco de España) que señala como el establecimiento de una mayor protección o equilibración de fuerzas entre arrendador y arrendatario favorece en un descenso de los desahucios por impago del alquiler.

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